Hasta ahora no se resuelve el impase. Faltan firmas, opiniones y sobre todo, decisiones. Desde que el 22 de julio pasado, Paulo Vilca, entonces Viceministro de Interculturalidad del Perú, presentó su carta de renuncia al cargo, tras un sinuoso trance relacionado con una resolución viceministerial que había firmado 10 días antes, el 12 de julio. Las aguas socio-ambientales en el sur oriente de la Amazonía peruana están agitadas, y el ecosistema político también.

Dos días después, renunció también Luis Peirano, el Ministro de Cultura. En el epicentro de este desenlace, por lo menos en el caso de Vilca, habría gravitado la ampliación de las actividades de la empresa argentina Pluspetrol en el Lote 88, una zona demarcada para explotación de hidrocarburos, que se superpone a la ‘Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros’ (RTKN), lugar de altísima biodiversidad y vecino al emblemático Parque Nacional del Manu.

Intereses superpuestos

¿Cómo es que las ondas sísmicas de una explotación gasífera in crescendo han llegado hasta tales niveles del poder en el Perú? La historia tiene años, pero a este literal punto de quiebre se ha llegado por una cadena de hechos recientes que hace que Vanessa Cueto, vicepresidenta de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), hable de “un escenario de poca claridad y transparencia”, en lo que respecta a la extensión de las actividades extractivas del Estado.

En el año 2000, cuando gobernaba en este país el controvertido presidente Alberto Fujimori, se suscribió con el Consorcio Camisea (un conglomerado que lidera la argentina Pluspetrol, pero que también integran las empresas Repsol-YPF, Sonatrach, Hunt Oil, Techpetrol y SK Energy) el contrato para la exploración y explotación del denominado ‘Lote 88’. Su extensión: 143,500 hectáreas. Su ubicación: el norte de la región Cusco, que es el sur oriente de la selva peruana.

Pero ocurre que dicho lote estaba sobre la entonces denominada ‘Reserva del Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori, Nahua y Nanti’, creada el 14 de febrero de 1990, sobre una extensión de 443,887 hectáreas. El cruce de territorios con distintos objetivos es habitual en el Perú. Como señala el Atlas ‘Amazonía bajo presión’, al menos el 84% de su territorio amazónico está destinado a fines de exploración y explotación de hidrocarburos.

Todas las reservas de gas que hay en esa zona son llamadas con el nombre más genérico de ‘Camisea’, lo que explica por qué el problema surgido en este lote sea parte del ‘Proyecto Camisea’. Shell y Mobil ya habían intentado llevarlo adelante mediante un contrato firmado en 1996 (también con el gobierno de Fujimori). En 1998 ambas compañías se retiraron del proyecto, y en 1999 se volvieron a ofertar los yacimientos a otras empresas o consorcios.

Es allí donde aparece el Consorcio Camisea (2000), pero también donde se genera un nudo amazónico de problemas y contradicciones. En el 2003, ya durante el gobierno de Alejandro Toledo, el propio Estado peruano eleva la zona indígena a la categoría de ‘Reserva Territorial’, mediante un Decreto Supremo, que en su artículo 3 determina que queda prohibido “el otorgamiento de nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales”.

La argumentación empresarial que siguió consiste en decir que los derechos adquiridos eran previos al establecimiento de la Reserva, y hay verdad en eso. Al punto que, en la actualidad, el Proyecto Camisea ya trabaja en 6 pozos de gas. El problema estriba, sin embargo, en que en el 2011 se comienza a tramitar una ampliación del ‘programa de exploración’ que eleva ese número a 18 pozos.

Reservas, pero de biodiversidad

En estos ecosistemas, por cierto, no sólo hay grandes reservas de gas. Junto con los 8.8 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas que habría, de manera probada, en el Lote 88 –y en el vecino 56, que también se encuentra “en producción”. Allá es tierra de los indígenas Nahua, que viven en la cabecera del río Serjali, y están alarmados por la anunciada ampliación del proyecto gasífero.

En una carta enviada al Ministerio de Cultura a comienzos de agosto, ellos anunciaron que han decidido “no permitir el trabajo de dicha empresa (Pluspetrol)” en lo que consideran su territorio ancestral. En la misiva también recuerdan que exploraciones anteriores propagaron la tuberculosis por el lugar, sin que el Estado haya llegado, hasta ahora, con la ayuda suficiente. Y, por supuesto, se teme también que la caza y la pesca, medios de subsistencia de esta y otras etnias, se vean afectadas.

Mosaico de áreas protegidas

Se trata de una legítima preocupación, ligada a la historia y el entorno. La Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKN) está en la cuenca del Bajo Urubamba, un río que irriga vastas tierras amazónicas, donde abundan la flora y fauna, al punto que allí se encuentran, juntas y a la vez amenazadas, cuatro áreas protegidas (además de la reserva territorial): el Santuario Nacional de Megantoni, un ecosistema de selva; el Parque Nacional Otishi; la Reserva Comunal Machiguenga y el Parque Nacional del Manu.

El Smithsonian Institute estima que en esa región hay 152 especies diferentes de plantas por hectárea. Además, existen 600 especies de invertebrados, 800 de aves, 120 de peces, 86 de reptiles, 69 de mamíferos y 300 de murciélagos, roedores y mamíferos pequeños. Esta riqueza es usada para fines medicinales o de alimentación por los Nahua, los Matsiguenga, los Yine Yaminahua, los Asháninka, los Nanti, los Amahuaca, los Nomatsiguenga y los Yanesha.

El Lote 88, además, está en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manu (la RTKN es adyacente), fundado el 29 de mayo de 1973 y reconocido por la UNESCO como Reserva Mundial de Biósfera. El Manu es considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad en todo el planeta, todavía está poco intervenido, y alberga grupos de indígenas “en aislamiento voluntario”, que viven en tal condición para evadir impactos diversos, como los que causaron los caucheros o madereros, y que ahora son provocados por los proyectos hidrocarburíferos.

Una situación similar se presenta en Megantoni y Otishi, donde la presencia de este tipo de nativos es recurrente. En este último parque nacional, se calcula que hay 85 familias en diversos grados de aislamiento y que, por cierto, viven de los recursos del bosque, poblado por un sinnúmero de animales que también ignoran el latente peligro.

Megantoni, por ejemplo, es el hábitat de tres especies en vías de extinción: el oso de anteojos, el maquisapa cenizo y el guacamayo verde de cabeza celeste. En esta área protegida se encuentra también el Pongo de Mainique, un lugar que el pueblo Matsiguenga considera sagrado. No hay cómo ignorar toda esta importante riqueza cultural y biológica, que no es puesta suficientemente de relieve cuando se discute sobre las reservas de gas.

La razón por la cual el Estado peruano parece no querer retroceder en su afán de ampliar la explotación del Lote 88 cae en la realpolitik. Ese yacimiento es el que permitiría cumplir una promesa de campaña del presidente Ollanta Humala, que consistía en ofrecer al público un balón de gas que hoy cuesta más de 30 soles peruanos (11 US$) a 12 soles (4,5 US$). Hasta ahora, no se había podido porque el 60% del gas de Camisea se va para la exportación, de los 1,000 millones de pies cúbicos diarios que produce, 600 millones se van afuera y 400 millones se quedan en Perú.

Se escapa el gas…

El 10 de agosto pasado, el ministro de Energía y Minas declaró que “Pluspetrol buscará más reservas de gas dentro del mismo yacimiento”. En el horizonte presuntamente cercano, está la posibilidad de que la avanzada exploratoria de la empresa consiga el plus que se necesita para que haya “gas para todos”.

Según Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro, la empresa estatal peruana dedicada a promover contratos de exploración, para eso se necesita que el Consorcio Camisea firme una ‘adenda’, por la cual se compromete a que los millones (o casi trillones incluso) de pies cúbicos que provendrán de la ampliación se queden en Perú.

Si esto ocurre implicará, simultáneamente, la construcción de gasoductos que vayan hacia la costa, todo lo cual aumentaría el impacto en los delicados ecosistemas del Bajo Urubamba. De allí que Cueto, la vicepresidenta de la ONG DAR, afirme que todo este laberinto en torno al Lote 88 ha puesto en evidencia “una serie de debilidades del Estado para enfrentar este tipo de proyectos de gran magnitud”. Los mecanismos son inadecuados y las autoridades no son competentes.

Lo ocurrido con Vilca, el viceministro de Interculturalidad, corrobora esta observación, de manera dramática. La resolución que firmó el 12 de julio, fue acompañada de un informe técnico que cuestionaba el estudio de impacto ambiental realizado para la acariciada ampliación de las operaciones de exploración. Vilca encontró en el documento nada menos que 82 observaciones, que giraban en torno a las actividades económicas y a la salud de los pueblos indígenas, tanto en aislamiento voluntario o “en contacto inicial”, una categoría intermedia que implica esporádica presencia de estos grupos con poblaciones más establecidas. En una de las 168 páginas del detallado informe, se señala que estos grupos “realizan migraciones ocasionales en busca de recursos, lo que ocasiona que sea una sociedad netamente cazadora, recolectora y pescadora, sin haber adquirido el carácter sedentario”

El tránsito aéreo, la deforestación, la presencia de una fuerza laboral extraña o el uso de taladros y otras máquinas ocasionarían, según Vilca y su equipo, impactos “severos o críticos”, dice el documento, que afectarían “la salud y el modo de vida de poblaciones altamente vulnerables”. El 15 de julio, dicho informe con las minuciosas observaciones fue colgado en el portal del Ministerio de Cultura.

Misteriosamente, a las pocas horas tanto la resolución como el informe desaparecieron del sitio informático. Las versiones sobre por qué ocurrió este extravío no son claras. Sin embargo, a los pocos días salió otra resolución, que fue anunciada por el Presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez, en la que se explica que la resolución no tiene validez porque, supuestamente, “faltaba información” para emitir un informe. El 22 de julio el viceministro renunció al cargo.

En los días siguientes, las observaciones bajaron a 13 y ya fue el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el que apareció con más fuerza en el debate público, vía su Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos (DGAA). La opinión del Ministerio de Cultura pasó a un segundo plano. Jiménez asumió también la vocería del espinoso asunto, lo que sugiere la importancia que el proyecto Camisea reviste en el Perú.

Decisiones pendientes

El 24 de julio, el Ministerio de Cultura es asumido por Diana Álvarez Calderón, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre el tema, de un modo similar a como no lo hizo el presidente Humala en su mensaje de Fiestas Patrias (28 de julio), no obstante que este es un tema crucial para sus políticas de gobierno. Vilca también está en un comprensible silencio.

El 6 de agosto pasado, en una carta remitida a la nueva ministra -así como a los ministros del Ambiente, y Energía y Minas, y al Jefe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Perú (SERNANP), el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, pidió que se atiendan las observaciones de la resolución y el informe de Vilca. “Las observaciones señaladas en la citada resolución –dice la misiva- concuerdan con el deber del Estado de proteger los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la salud”.

Esto se refiere a los indígenas (en aislamiento, en contacto inicial o ya contactados) que viven en la zona del Lote 88. Ellos serían los primeros afectados si, como señala la ONG DAR, no se desarrolla “una estrategia integral de mitigación de impactos directos e indirectos en la cuenca del Urubamba, que incluya al Lote 88 y al resto de lotes de hidrocarburos de la zona”. Una exploración desordenada, o exagerada, impactaría mucho las poblaciones humanas y los ecosistemas.

Si bien estas inmensas reservas de gas son necesarias para el país, las ingentes reservas de biodiversidad de este territorio, que dan vida a las 9 etnias que lo habitan, y que ofrecen valiosísimos servicios ambientales tendrían que ser puestos también en la balanza. Para defender este punto, se creó la expresión ‘gobernanza ambiental’, puesta en la mesa por la campaña ‘VenGasAlSur’, un colectivo conformado por DAR, el Gobierno del Cusco y organizaciones regionales.

Habrá que esperar, sin embargo, a que los más altos funcionarios, incluido el propio presidente, hagan suya la idea de “gobernanza ambiental”. Por el momento, sobra confusión. Continúa un ir y venir de informes y resoluciones sobre este controvertido tema, mientras en los bosques del Urubamba el gas permanece bajo el suelo donde viven pueblos indígenas y una exuberante biodiversidad. Mientras tanto, las decisiones sobre el Lote 88 caminan en una dimensión aún indefinida de las prácticas del Estado peruano.

Publicado originalmente en www.oeco.org.br el 12/9/13